Diputados piden información sobre la población carcelaria provincial

 In Gestión Diputada

Legisladores del Frente de Todos requieren detalles a la cartera de Gobierno sobre la situación de detenidos en cárceles y comisarías y de trabajadores del sector, en el marco de la pandemia
Con el impulso de la diputada Soledad Martínez, el bloque de diputados del Frente de Todos presentó un proyecto de resolución solicitando informes Vanina Merlo, Ministra de Gobierno y Seguridad de la provincia, respecto de las condiciones de alojamiento de personas privadas de la libertad, en el marco de la Emergencia por Coronavirus. En la sesión legislativa de esta semana, se intentó infructuosamente por la oposición de diputados oficialistas, aliados y de Juntos por el Cambio, aprobar el tratamiento de la iniciativa con preferencia.
El proyecto apunta a conocer la situación de las personas alojadas en las unidades de detención y unidades de orden público, como comisarías y alcaidías de todo el territorio provincial, así como del personal que se desempeña en las mismas. Se piden detalles respecto al contacto de los internos con sus familias, provisión de alimentos, ropa y elementos de higiene personal; también sobre de desarrollo del proceso educativo, talleres y disponibilidad de contacto virtual para la continuidad de la formación. También saber cómo se está garantizando la asistencia médica, psicológica, de enfermería y vacunatoria y la atención específica del universo de detenidos que podrían ser potencialmente afectados por el virus, por integrar grupos vulnerables con enfermedades preexistentes y de las embarazadas. Conocer además de la continuidad de la asistencia letrada y religiosa para quienes la requieran.
En cuanto al control poblacional se consulta sobre la densidad de población dentro de las celdas, y si las mismas han sufrido alguna modificación coyuntural, en cuanto al número de internos alojados y a sus condiciones de habitabilidad. Por otro lado conocer las disposiciones particulares dentro de las unidades de orden público como comisarías y alcaidías, tanto en lo relativo a la cantidad de internos alojados, como a las condiciones edilicias. Los legisladores solicitan por otro lado informarse respecto al personal de seguridad, de salud y de educación, que presta servicios en unidades de detención, comisarías y alcaidías.
La diputada Soledad Martínez sostuvo en la sesión de la Legislatura de esta semana, que “quienes agitan proyectos de repudio al otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria, que por otro lado no llega al 2%, no manifestaron interés en acompañar la preferencia del pedido de informes que apunta a conocer cuál es la situación carcelaria provincial”. Los autores del repudio “no pueden librarse de sus afinidades políticas a la hora de buscar más información vinculada a analizar las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad y el cumplimiento de garantías que son obligación de los funcionarios judiciales y del Estado en su conjunto”.
Recuerdan los diputados del FdT en los fundamentos de la resolución que, “las personas privadas de libertad en las se encuentran en una posición de subordinación frente al Estado, del que dependen jurídicamente y de hecho para la satisfacción de todas sus necesidades. Al privar de libertad a una persona, el Estado adquiere un nivel especial de responsabilidad y se constituye en garante de sus derechos fundamentales, en particular de sus derechos a la vida y a la integridad personal, de donde se deriva su deber de salvaguardar la salud de los reclusos brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica requerida y garantizar un trato humano a las personas bajo su custodia”.

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